El tribunal asegura que todo lo mencionado en la ley respecto al catalán se extiende también a este idioma.
El TC considera ajustado a la Constitución el artículo que fija el régimen lingüístico de los centros educativos en Aran, siempre que se interprete que el hecho de que el aranés sea vehicular y de aprendizaje no priva de esta condición al castellano y al catalán.
El Tribunal Constitucional avala así que el occitano-aranés en el Valle de Aran, pueda ser lengua vehicular de la enseñanza.
En cuanto a los proyectos lingüísticos en la Val d’Aran, el TC asegura que se debe garantizar «una presencia adecuada del catalán, y que los alumnos adquieran el pleno dominio del catalán y del castellano al finalizar la enseñanza obligatoria». De la misma forma, recoge que «las disposiciones del presente título relativas a programas de inmersión lingüística, a la atención lingüística individualizada y a la lengua de la Administración educativa deben adaptarse en Aran a la condición de lengua propia y oficial en Catalunya que el Estatuto atribuye al occitano”.
El Tribunal Constitucional ha tumbado diez artículos de la Ley Catalana de Educación (LEC). La sentencia, no obstante, deja en manos de la Generalitat aplicar su modelo lingüístico. De hecho, el TC avala que los alumnos que se incorporen al sistema educativo sin conocer el catalán o el aranés en Aran, reciban una atención individualizada en la lengua catalana o en aranés, pero siempre que «no se excluya» esa misma atención en caso de desconocimiento del castellano.
El gobierno autonómico debe repartir y decidir cuántas asignaturas se imparten en cada lengua y cuáles.
Aulas de acogida
Los centros educativos ofrecen una atención individualizada, llamada aula de acogida, en la que al alumno que desconoce el catalán o el aranés, se le hace un seguimiento para que pueda incorporarse lo más rápidamente al ritmo normal del resto de sus compañeros. El Constitucional avala este modelo, aunque eso no significa que considere que el castellano deba quedar excluido como lengua de apoyo educativo.
Cronología
La Ley Catalana de Educación fue aprobada en el año 2009 por el entonces gobierno tripartito presidido por el socialista José Montilla. En aquel entonces, el conseller de Educación era el exsocialista Ernest Maragall, actual alcaldable de Barcelona por Esquerra Republicana. La norma jurídica contó con gran oposición por parte de la comunidad educativa de la enseñanza pública, que organizó numerosas huelgas que paralizaron el sistema educativo para protestar por la forma en cómo se organizaban los centros y los méritos profesionales.
La ley fue tal, que partió al tripartito. El PSC y ERC votaron a favor del texto legal mientras que ICV decidió abstenerse en el preámbulo o votar en contra de algunos artículos. La desaparecida CiU salvó al Govern con su voto afirmativo mientras que el PP votó en contra de la norma jurídica educativa propia de Catalunya al considerar que se vulneraban los «derechos lingüísticos».