El ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019 tal y como ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a La Sexta.

El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

Además, también se habilita el posible uso del superávit de 2019 para financiar el gasto de 2020, siempre que se cierre este ejercicio con equilibrio presupuestario.

Entre las medidas está la suspensión de la regla de gasto para el 2020. También prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones, señala el ministerio dirigido por María Jesús Montero. Además, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica.

La batería de medidas, afirman desde el ministerio, tendrá un impacto superior a 3.000 millones de euros.

El superávit municipal se trata de unos 14.000 millones de euros provenientes de las arcas municipales y depositados en entidades bancarias. Es dinero que en su momento no se utilizó, pero no se puede tocar porque la ley de estabilidad presupuestaria no lo permite.

En un primer momento, el PSOE pretendía destinar una partida de 5.000 millones de euros de los presupuestos a los ayuntamientos si le cedían ese dinero, que se deberían utilizar para cuestiones relacionadas con la Covid-19. A cambio, el ejecutivo español se comprometía a devolver ese capital en un periodo de entre 10 y 15 años.

Pero los ayuntamientos exigían que se pudiera usar el superávit para lo que hiciera falta, y los municipios que no tienen superávit pedían que no se les excluyera porque también necesitaban fondos para superar la pandemia.